Por años, combatir el lavado de dinero ha sido una prioridad para el estado mexicano. Se han utilizado estrategias de combate frontal con los grupos criminales, pero no han tenido la efectividad esperada, ya que la violencia continúa aumentando. Este trabajo comienza con una evaluación de las sanciones legales aplicadas a los casos de lavado de dinero en México. Posteriormente, presenta los derechos fundamentales que podrían verse comprometidos en el proceso de recolección de prueba y explora el uso del test de proporcionalidad como parámetro y método para pedir a los jueces que acepten sólo pruebas lícitas y así evitar problemas de inconstitucionalidad. Finalmente, se describen algunas de las pruebas que pueden utilizarse para fundamentar el delito de lavado de dinero y asegurar sentencias condenatorias. Además, se hacen recomendaciones de política pública para abordar y potenciar los esfuerzos de los actores involucrados en el combate a este delito, ya que a la fecha la efectividad en la obtención de sentencias condenatorias ha sido notablemente baja.
For years, combating money laundering has been a priority for the Mexican State. Frontal attack strategies have been used against criminal groups but have not yielded the expected effectiveness, as violence continues to escalate. This work begins with an assessment of the legal punishments applied to cases of money laundering in Mexico. Subsequently, it presents the fundamental rights that might be compromised in the process of collecting evidence and explores the use of the proportionality test as a parameter and method to ask judges to accept only admissible evidence to thus avoid issues of unconstitutionality. Finally, some evidence that can be employed to substantiate money laundering offenses and secure convictions are outlined. Furthermore, recommendations for public policy are made to address and enhance the efforts of stakeholders engaged in combating this crime, since to date, effectiveness in obtaining convictions has been remarkably low.