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Leigh Hancher
La contribución examina el logro de los tres objetivos fundamentales de la política energética europea tras la crisis energética de 2022. La seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad han sido la base de la política energética europea durante muchas décadas, pero el progreso en su consecución ha sido mixto. Los estados miembros pueden confiar en sus derechos para elegir su propia combinación energética. La respuesta inicial de la Unión Europea a la crisis energética fue invocar el poco utilizado Artículo 122(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) para adoptar una serie de legislaciones de emergencia rápidamente promulgadas para promover la solidaridad entre los 27 estados miembros.
Este artículo cuestiona si esa respuesta ha llevado a una centralización de poderes para las instituciones de la UE en detrimento de los gobiernos nacionales. ¿Pueden ahora las instituciones de la UE establecer la agenda política para la transición energética de manera más eficiente? ¿Es probable que las normas de ayuda estatal de la UE se implementen de manera más estricta para garantizar una transición de los combustibles fósiles antes de 2050 o los gobiernos nacionales permanecen firmemente al mando? Alternativamente, ¿existen tendencias emergentes de la gestión de la crisis que probablemente se perpetuarán a largo plazo mientras Europa busca transitar lo más rápidamente posible hacia una economía de carbono neto cero?
The contribution examines the achievement of the three core objectives of European energy policy in the aftermath of the energy crisis of 2022. Energy security, sustainability and competitiveness have been at the root of European energy policy for many decades but progress in achieving them has been mixed. Member states can rely on their rights to choose their own energy mix. The European Union’s initial response to the energy crisis was to invoke a little used Article 122(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) to adopt a series of rapidly enacted emergency legislation to promote solidarity between the 27 member states.
This article questions whether that response has led to an increased centralization of powers for the EU institutions at the expense of national governments? Can the EU institutions now set the policy agenda for the energy transition more efficiently? Are the EU state aid rules likely to be implemented more strictly to ensure a transition away from fossil fuels before 2050 or do national governments remain firmly in the driving seat? In the alternative, are there any emergent trends from the management of the crisis that are likely to be perpetuated in the longer term as Europe seeks to transition as rapidly as possible to a net zero carbon economy?
