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Raquel Vicente Andrés
La asunción por parte de España de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el uno de julio, al próximo 31 de diciembre de 2023, permitirá avanzar en el denominado escudo social Europeo, máximo exponente del Estado del bienestar europeo, bajo el lema: una Europa más cerca, permitiendo desarrollar los principios consagrados en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales (adoptado por la Comisión en marzo de 2021), fomentando el diálogo social, el trabajo decente y la economía social, impulsando la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Política europea social, que marca el rumbo de la actuación legislativa nacional y jurisprudencial, impulsando una mejora en las condiciones de las personas trabajadoras, combatiendo la precariedad laboral, en ámbitos tan importantes como: la lucha contra la discriminación, la brechas en la era digital, el fraude en la contratación temporal, o la gestión de la ordenación del tiempo de trabajo. Sin duda, el impacto del Derecho de la Unión Europea, en el panorama nacional, ostenta un papel sumamente relevante, constituyendo a día de hoy el referente, en cuanto a salvaguarda de las garantías del escudo social de las personas trabajadoras.
Spain's assumption of the Presidency of the Council of the European Union from July 1 to December 31, 2023, will allow for progress in the so-called European Social Shield, the highest exponent of the European welfare state, under the motto: a closer Europe. This role will enable the development of the principles enshrined in the Action Plan of the European Pillar of Social Rights (adopted by the Commission in March 2021), promoting social dialogue, decent work, and the social economy, and driving the implementation of the principle of equality between women and men. European social policy, which sets the course for national legislative and jurisprudential action, aims to improve the conditions of workers, combat job insecurity, and address crucial issues such as the fight against discrimination, gaps in the digital era, fraud in temporary contracting, and the management of working time arrangements. Undoubtedly, the impact of European Union Law on the national landscape plays an extremely relevant role, currently standing as the benchmark in safeguarding the guarantees of the social shield for workers.
