El incumplimiento de las obligaciones del Derecho de la Unión, como pueden ser las relativas a los contratos públicos, constituye una irregularidad que es susceptible de correcciones financieras en los fondos europeos asignados a las autoridades nacionales y, en su caso, a las empresas y a los particulares. La regulación de los fondos europeos, especialmente de los Fondos estructurales y de cohesión, ha tratado de mejorar paulatinamente su vinculación o condicionalidad con el cumplimiento de las obligaciones europeas en materia de contratación pública. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente en lo que se refiere a la gestión compartida de los fondos europeos, así lo revela, subrayando la relación entre la gestión de los fondos europeos y el respeto de las normas sobre contratación pública. La experiencia española que ha canalizado un importante volumen de fondos europeos no es especialmente edificante en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones en materia de contratación pública. Y aun cuando se han establecido mecanismos para asegurar la repercusión de las responsabilidades financieras se ha cuidado poco la mejora de la gestión de los fondos europeos y el cumplimiento de las obligaciones europeas de contratación pública.
Failure to fulfil obligations under EU law, such as those relating to public procurements, constitutes an irregularity which is liable to financial corrections in the European funds allocated to national authorities and, where appropriate, to undertakings and individuals. Regulation of European funds, especially the Structural and Cohesion Funds, has sought to gradually improve their linkage or conditionality with compliance with European public procurement obligations. Case-law delivered by the Court of Justice, especially as regards shared management of European funds, reveals this, underlining the relationship between management of European funds and compliance with public procurement rules. The Spanish experience channelling a large volume of European funds is not particularly encouraging in terms of compliance with public procurement obligations. And while mechanisms have been put in place to ensure the impact of financial responsibilities, little attention has been paid to improving the management of European funds and fulfilling European public procurement obligations.