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Julián Hurtado de Molina Delgado
En el siglo XVIII, el siglo de las Luces, durante el reinado de Carlos III, se pone de manifiesto en los territorios de la corona española, la falta de comunicación entre las provincias del interior y las marítimas, indispensable para el fomento de la industria y el comercio, así como para una explotación rentable de la agricultura.
Los nuevos postulados ilustrados de la época, sitúan a este siglo XVIII como el de los caminos de España, por cuanto se inicia una legislación en sentido estricto para su construcción, conservación y protección.
En 1761 se promulgó el primer Decreto que clasificó las carreteras e impulsó el primer plan general, en el que se establecían las actuaciones en tal sentido, señalando plazos de ejecución de las obras y determinando los modos de financiación de las mismas.
El Plan de Esquilache (Leopoldo de Gregorio y Masnata, marqués de Esquilache, 1699-1785), como encargado de Hacienda y Superintendente General, presentó al rey Carlos III este esencial Plan, punto de arranque de los que posteriormente se redactaron. El plan consistía en el ensanchamiento de antiguas vías, en el empedrado de ciertos tramos, en el aumento de la longitud de la red e, incluso, en la creación de nuevos trazados que acortaran distancias.
Por causas de insuficiente preparación técnica y otras carencias, no se cumplieron todas las previsiones de dicho Plan, obteniéndose escaso rendimiento de los grandes recursos y esfuerzos que para su realización se habían destinado.
Tales deficiencias se expresaron posteriormente, ya en el siglo XIX, por medio del llamado Informe Betancourt, elaborado por quien fue el fundador de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales del Reino de España
In the 18th century, the Age of Enlightenment, during the reign of Charles III, the lack of communication between the inland and maritime provinces, essential for the promotion of industry, became evident in the territories of the Spanish crown. and commerce, as well as for profitable agriculture.
The new enlightened postulates of the time place this 18th century as that of the roads of Spain, since strict legislation was initiated for their construction, conservation and protection.
In 1761, the first Decree was promulgated that classified the roads and promoted the first general plan, in which the actions in this regard were established, indicating deadlines for the execution of the works and determining the methods of financing them.
The Plan of Esquilache (Leopoldo de Gregorio y Masnata, Marquis of Esquilache, 1699-1785), as head of the Treasury and General Superintendent, presented this essential Plan to King Carlos III, the starting point for those that were later drawn up. The plan consisted of widening old roads, paving certain sections, increasing the length of the network and even creating new routes that would shorten distances.
Due to insufficient technical preparation and other deficiencies, not all the forecasts of said Plan were met, resulting in poor returns on the great resources and efforts that had been allocated for its implementation.
Such deficiencies were expressed later, already in the 19th century, through the so-called Betancourt Report, prepared by the founder of the School of Civil and Canal Engineers of the Kingdom of Spain.
