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Mercedes Yela Uceda
En los últimos años hemos asistido a un proceso de criminalización del refugiado en la Unión Europea, identificando al solicitante de refugio como enemigo o amenaza social, incluso llegando a vincular de forma errónea al refugiado con la comisión de actos terroristas.
El objetivo de este trabajo es el análisis desde una perspectiva criminológica de las situaciones que nos permiten acreditar que nos encontramos en un proceso de criminalización del refugiado, determinando un quiebre del principio de solidaridad y una omisión del deber de garantes por parte de los Estados miembros de la UE y de la sociedad en su conjunto, del respeto de los derechos de los refugiados. Asimismo, cuestionarnos la aplicación del Derecho Penal en la gestión de las crisis migratorias y si su uso vulnera los derechos y principios penales más esenciales.
Todo ello constituye un incumplimiento del Derecho Internacional del Refugiado y una violación de los Derechos Humanos, con graves consecuencias para los refugiados y para la comunidad internacional.
In recent years we have witnessed a process of criminalisation of the refugee in the European Union, identifying the refugee applicant as an enemy or social threat, even wrongly linking the refugee with the commission of terrorist acts.
The aim of this paper is to analyse from a criminological perspective the situations that allow us to prove that we are in a process of criminalisation of refugees, determining a breach of the principle of solidarity and an omission of the duty of guarantors by the EU Member States and society, as a whole to respect the rights of refugees. Likewise, to question the application of criminal law in the management of migration crises and whether its use violates the most essential criminal rights and principles.
All of this constitutes a breach of international refugee law and a violation of human rights, with serious consequences for refugees and for the international community.
