La educación democrática está comprometida con dos objetivos aparentemente enfrentados:
debe firmar una identidad cívica que garantice la estabilidad de la comunidad política y, al mismo tiempo, tiene que cultivar aquellas capacidades que permiten a los individuos elegir autónomamente. Argumentaré que la deliberación racional no forma parte de la educación democrática por ser una precondición para participar en política. Se trata de un objetivo que viene dado por la naturaleza misma del aprendizaje. Pero también es un desafío constante para cualquier orden social. ¿Cómo conjurar este peligro? La respuesta que aquí se propone es una educación democrática ligada a la idea de ciudadanía diferenciada.