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El derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, que ha sido consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En Chile, desde la creación de la Ley 20.430, sobre protección de refugiados, 21.847 personas han solicitado formalmente protección internacional bajo este derecho y muchas otras han quedado en las sombras sin opción de que su caso sea estudiado y puedan, eventualmente, obtener protección. Este artículo describe y analiza las trabas en este derecho humano, deteniéndose, en particular, en las problemáticas en el ingreso al procedimiento de asilo en el país, el cómo esto reviste un problema de legalidad en el actuar del órgano administrativo y cómo han sido los tribunales superiores de justicia los que han intervenido en pos del respeto y protección de este derecho, dando, finalmente, algunas ideas para el buen abordaje de esta situación. La metodología utilizada por las autoras corresponde a un análisis legal de normas jurídicas, dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR) y jurisprudencia nacional de los tribunales superiores de justicia chilenos en los últimos años, sumado a la revisión bibliografía y la experiencia laboral de ambas con población migrante, solicitante de asilo y refugiada.
