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La Constitución Política atribuye competencia al Tribunal Constitucional para resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de proyectos de reforma constitucional. La noción de una reforma constitucional inconstitucional apela a la existencia de límites jurídicos de la potestad de reforma constitucional. Este artículo descarta varias alternativas de justificación e interpretación de los límites de la potestad de reforma constitucional y favorece, en cambio, una lectura restrictiva formal de tales límites como los únicos compatibles con los principios de la democracia y de la soberanía popular. Esta interpretación restrictiva tiene una enorme significación para la comprensión de la potestad de reforma constitucional en tiempos de redefinición constitucional.
