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Fernando Castillo de la Torre, Jean Paul Keppenne
Las sentencias relativas a la posible consideración como ayudas de Estado de las subvenciones destinadas a financiar servicios públicos (Altmark Trans, Enirusorse y GEMO) han traído una buena parte de la atención en 2003. El TJCE ha aceptado el principio de que tal financiación pueda no constituir ayuda de Estado, pero somete la apreciación concreta a estrictos requisitos. Además sentencias como Van Calster o Enirisorse representan un avance importante en relación con el alcance del deber de notificación. Este abarca el modo de financiación de tal ayudai estas sentencias precisan las consecuencias que se derivan de la inobservancia por las autoridades nacionales, del artículo 88(3) CE, consecuencias que deben aplicarse también a este aspecto de la medida de ayuda. La sentencia WestLB contiene reflexiones muy interesantes sobre la aplicación del crietrio del inversor privado, y la saga relativa a la obligación de recuperación de las ayudas en caso de venta de la empresa sigue su no siempre claro desarrollo en SIM Multimedia.
