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Pablo Tramoyeres Galván, Sabiniano Medrano Irazola
La Sentencia 100/2003 del Tribunal Constitucional, de 2 de Junio, ha venido a culminar una línea de doctrina constitucional que es de interés proyectar sobre la vigente regulación, en la Ley de Defensa de la COmpetencia, de la potestad sancionadora en este campo. El Tribunal Constitucional ha deducido del artículo 25 de la Constitución, entre otras cosas, la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes o, más concretamente, la correlación necesaria entre actos o conductas ilícitas tipificadas y las sanciones correspondientes a las mismas de manera que el conjunto de las normas punitivas aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de sanción predeterminado del que puede hacerse merecedor quien cometa una o más ifracciones concretas. Los autores examinan la regulación vigente de las sanciones por infracciones en materia de competencia a la luz de esta doctrina constitucional, para concluir que existe una duda más que razonable acerca de la conformidad a la Constitución de las normas que, como vigentes, se estan aplicando.
