La seguridad ciudadana ha encontrado en la videovigilancia en los espacios públicos un fiel aliado que actualmente se ve sometido a un artificial debate que lo enfrenta al derecho fundamental a la intimidad. Este falso debate viene motivado por una legislación y regulación de la videovigilancia obsoleta, limitando enormemente la funcionalidad de la videovigilancia y perjudicando la seguridad ciudadana. Es el derecho fundamental a la protección de datos personales y no el derecho a la intimidad, el derecho afectado por la videovigilancia de los espacios públicos, debiendo actualizarse la legislación y normativa de regulación de la videovigilancia desde la perspectiva de la protección de los datos personales