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Carlos Arturo Gutiérrez Rodríguez
Después de varios años de conversaciones en La Habana, en noviembre de 2016 el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Con él, pusieron fin negociadamente a más de medio siglo de confrontaciones armadas.
Se trata del primer Acuerdo de Paz desarrollado enteramente bajo el examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI); lo que complejizó los desarrollos normativos, pues las condiciones para finalizar el conflicto armado debían responder tanto a la situación política como a los estándares internacionales en materia de responsabilidad penal individual ratificados por Colombia.
Este artículo da cuenta del papel que jugó el desarrollo constitucional en el proceso de paz;
prestando atención tanto a las acciones normativas que habilitaron las conversaciones, como a los blindajes constitucionales que protegieron los acuerdos después de alcanzados.
