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Manuel Martínez Sospedra 
La STC 19/2023, que resuelve recursos de inconstitucionalidad presentados contra la LO/2021, de eutanasia, se ve fuertemente condicionada por la decisión del legislador de optar por un modelo en el que, previa la determinación de un presupuesto habilitante configurado mediante conceptos jurídicos indeterminados de base médica, se trata de configurar un derecho de prestación, de la que se encarga en exclusiva el SNS, consistente en dar muerte al sufriente solicitante, de tal modo que, mediante un procedimiento administrativo que concluye en una resolución, el Estado da muerte a aquel. La resolución, que trata de fundamentar la constitucionalidad de la ley no es consistente, toda vez que ni puede basarse en la doctrina del TEDH que se cita, ni es posible definir el sistema establecido por la ley en términos de derecho público subjetivo, ni resulta convincente la tesis de fundamentar una prestación cuyo contenido es privar de existencia al solicitante en el derecho a integridad física y moral. No obstante, la sentencia aclara algunos extremos poco claros de una regulación legal de calidad escasa, establece un conjunto de supuestos de interpretación conforme que, sorprendentemente, no se llevan al fallo, y aclara el régimen jurídico de la objeción de conciencia operando una interpretación favor libertatis de la misma.
