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En la década de los noventa del siglo XX el deseo de reducir el déficit de infraestructuras que venía lastrando el desarrollo de Brasil y la imposibilidad de abordar estas inversiones con los recursos del presupuesto público llevaron a sus autoridades a optar por la iniciativa privada para crear, modernizar y gestionar proyectos de energía y transporte. En ese momento se inicia un proceso de revisión y elaboración de la normativa general y sectorial necesaria para incentivar la inversión privada, nacional y extranjera, y de creación de las instituciones que habrían de gestionar los contratos y controlar la prestación de los servicios. Hoy en día, tres décadas después, la experiencia brasileña en asociaciones público-privadas y concesiones se configura como una de las más exitosas de la región y ha sido, de hecho, una vía de entrada privilegiada para las empresas españolas de los sectores mencionados, que siguen siendo protagonistas destacadas en este ámbito.
