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Andrés Manuel González Sanfiel 
Es una realidad que, en ocasiones, la Administración recibe prestaciones de los empresarios sobre la base de contratos irregulares, en algunos casos incluso sin contrato previo o de referencia. Se trata de un tema recurrente en el que la ilegalidad no puede ocultar el beneficio obtenido por aquella y su obligada compensación. Para afrontar el pago de esas prestaciones se han utilizado diversas vías, tales como el enriquecimiento injusto, la revisión de oficio, la responsabilidad contractual y también la extracontractual. Todas esas vías han acabado siendo cuestionadas por los órganos consultivos y de fiscalización, tildadas de excepcionales o fraudulentas. Es más, en los últimos años se viene trasladando la responsabilidad al empresario, al que se achaca la culpa de la existencia de aquellas contrataciones ilegales. Se utiliza para ello la figura del contrato inexistente, aunque olvidando el carácter garantista inherente a esta categoría jurídica y sin atender los problemas estructurales que provocan la contratación administrativa irregular. Sin embargo, el problema sigue existiendo porque la Administración tiene el deber de satisfacer las necesidades colectivas de los ciudadanos, lo que, cuando se producen estas situaciones, suscita el conflicto entre el cumplimiento de la legalidad y la atención de esas necesidades. Sin perjuicio de la depuración de las responsabilidades en que pudiera incurrir tanto la Administración como el empresario, tras analizar todas las vías planteadas, el presente estudio vuelve nuevamente hacia el enriquecimiento injusto como la fórmula más adecuada para resolver las consecuencias patrimoniales de la contratación irregular.
It is a reality that, sometimes, the Administration receives supplies, works and services from companies on the basis of irregular contracts, in some cases even without a contract prior or reference. This is a recurring theme in which illegality cannot hide the benefit obtained by it and its obligatory compensation. To face the payment of these benefits, various means have been used, such as unjust enrichment, ex officio review, contractual liability and also non-contractual liability. All of these avenues have ended up being questioned by advisory and oversight bodies, branded as exceptional or fraudulent. What’s more, in recent years, responsibility has been shifted to the company, who is blamed for the existence of those illegal contracts. For this purpose, the figure of a non-existent contract is used, although forgetting the guarantee nature inherent to this legal category and without addressing the structural problems that cause irregular administrative contracting. However, the problem continues to exist because the Administration has the duty to satisfy the collective needs of citizens, which, when these situations occur, raises the conflict between compliance with the law and attention to those needs. Without prejudice to the clarification of the responsibilities that both the Administration and the employer could incur, after analyzing all the avenues proposed, this study returns again to unjust enrichment, as the most appropriate formula to resolve the financial consequences of irregular contracting.
