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Se analiza los problemas procesales y materiales derivados, en esencia, del hecho de que los tribunales de contratación no pueden ser parte demandada en los procedimientos contenciosos-administrativos, así como de la problemática suscitada en torno a la imputación de la responsabilidad vinculada al pago de las indemnizaciones sustitutorias a alguna de las administraciones implicadas (ya sea el órgano de contratación, el tribunal de contratos o a la Administración a la que se adscriba el correspondiente tribunal administrativo), existiendo una seria dificultad a la hora de compatibilizar la exigencia de que dichas administraciones sean parte en el procedimiento judicial para poder defenderse de dicha imputación, y a la vez puedan merecer la consideración de administraciones beneficiadas por el acto impugnado, en los términos del mandato legal contemplado en artículo 21 de la LJCA.
