El Real Decreto-ley 5/2023 ha introducido una serie de medidas en materia de conciliación que están generando dudas a nivel empresarial. No en vano, abre riesgos importantes a las empresas, relativos a que sus decisiones de trato desfavorable conlleven la declaración administrativa o judicial de discriminación por razón de sexo, con el abismo de posibles sanciones económicas, indemnizaciones por daños morales y, en su caso, sentencias judiciales de nulidad de los despidos. Aclaramos los interrogantes que ha suscitado en este artículo.