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María del Carmen Salcedo Beltrán
El 22 de marzo de 2023 se publicaron las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales correspondientes al año 2022. En esta ocasión se ocupaban del Grupo 3 de preceptos, que comprende los derechos laborales. El estudio muestra los resultados generales y los específicos de España. El balance de ambos pone de manifiesto numerosos y reincidentes incumplimientos, al que se adicionan originales, de la Constitución Social de Europa. El escenario no se ve atenuado por una observancia de las decisiones sobre el fondo, pues el seguimiento (Constats/Findings) que se realiza prueba, aún más, la indiferencia respecto de las obligaciones adquiridas. En el análisis se incluyen también las novedades jurídicas acontecidas en los últimos meses, destacando la adopción de la reforma de los mecanismos de supervisión aprobada por el Comité de Ministros. La materia es esencial para los operadores jurídicos. Su conocimiento contribuye a contextualizar adecuadamente el sistema de fuentes, en el que se integra la Carta Social Europea, para implementar los derechos sociales y sus garantías, requiriendo a todos los poderes públicos su respeto y aplicación, en coherencia con los mandatos constitucionales.
On March 22, 2023, the European Committee of Social Rights 2022 Conclusions were published. On this occasion, they focused on Group 3 of the precepts, which covers labour rights. The study shows the general results and those specific to Spain. The balance of both shows numerous and persistent non-compliances, in addition to the original ones, with the European Social Constitution. The scenario is not mitigated by an observance of decisions of the merits, as the follow-up (Constats/Findings) that is carried out further proves the indifference to the obligations undertaken. The analysis also includes legal developments in recent months, notably the entry into force of the reform of the supervisory mechanisms adopted by the Committee of Ministers. The subject is essential for legal operators. Knowledge of it contributes to properly contextualise the system of legal sources, in which the European Social Charter is integrated, to implement social rights and their guarantees, requiring all public domestic authorities to respect and apply them, in coherence with constitutional mandates.
