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María Sepúlveda Gómez
Tras décadas de implementación voluntaria de la diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente por empresas multinacionales en sus cadenas mundiales de producción, sin que haya dado lugar a una mejora a gran escala en todos los sectores, la Comisión Europea presentó en febrero de 2022 una propuesta de Directiva sobre diligencia debida y sostenibilidad, que regula un marco horizontal jurídicamente vinculante sobre el deber de las empresas multinacionales de integrar la diligencia debida en sus políticas corporativas, así como la obligación de identificar, prevenir (ex ante), mitigar, eliminar y reparar (ex post) los efectos adversos, reales y potenciales, que sus cadenas de producción mundiales pueden provocar sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Se trata de una intervención normativa de mínimos, con mecanismos débiles para la consecución de los objetivos propuestos, pero supone un paso importante hacia la obligatoriedad de protección y respeto de los derechos humanos laborales y el medio ambiente en las empresas que forman parte de la cadena de suministros a nivel mundial, así como para hacer frente al cambio climático.
El contenido de la propuesta de Directiva ha sido notablemente mejorado por las enmiendas aprobadas por el Parlamento, lo que amplía las posibilidades de consecución de los objetivos de sostenibilidad dentro y fuera de la UE. Queda esperar a la redacción definitiva para comprobar el compromiso de la UE con las personas, los derechos humanos, el medio ambiente y el cambio climático.
After decades of voluntary implementation of human rights and environmental due diligence by multinational companies in their global supply chains, without it leading to large-scale improvement in all sectors, the European Commission presented in February 2022 a proposal for a Directive on Due Diligence and Sustainability, which regulates a legally binding horizontal framework on the duty of multinational companies to integrate due diligence into their corporate policies, as well as the obligation to identify, prevent (ex-ante), mitigate, eliminate and remedy (ex-post) actual and potential adverse human rights and environmental impacts of their global supply chains.
This is a minimum regulatory intervention, with weak mechanisms for achieving the proposed objectives, but it is an important step towards making the protection and respect of human labour rights -among others- and the environment mandatory for companies that form part of the global supply chain, as well as to tackle climate change.
