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La Ley 41/2015, de 5 de octubre, introdujo la posibilidad de recurrir en casación las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Durante los ocho años de vigencia de dicha norma, se ha constatado una tendencia al alza en la formulación de estos recursos hasta el punto de que, en el año 2022, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha registrado un 180% más de recursos de casación que en el año 2015. Partiendo de tales datos, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, introduce una serie de «filtros» que refuerzan las facultades del órgano a quo para denegar la preparación del recurso y, de esta manera, asegurar que los recursos presentados se ajustan al cauce casacional de error iuris y permitan a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cumplir de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal.
