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Gerardo Manuel Ordóñez Barba 
, Omar Stabridis
En este artículo abordamos el estudio de la seguridad económica en la vejez en México desde una perspectiva de derechos humanos y como uno de los problemas centrales de nuestra sociedad. Para ello, además de cuantificar los ingresos de las personas adultas mayores según sus fuentes y de su importancia en el contexto de los hogares a los que pertenecen, se estimaron sus niveles de pobreza y los principales determinantes que la ocasionan, sus carencias en salud y alimentaria, y su vulnerabilidad económica; todo ello empleando una estrategia metodológica de corte cuantitativo, utilizando como fuente de información la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2020. Se concluye que aun cuando los ingresos de las personas de 65 años o más representan una proporción muy importante del ingreso de sus hogares, cerca de la mitad vive en condiciones de pobreza y en muchos casos con carencias en el acceso a una atención plena en salud y a una alimentación adecuada, así como con elevados niveles de vulnerabilidad, es decir, con escasas probabilidades de poder salir de su situación de pobreza. La magnitud y complejidad de esta problemática obligan al Estado a plantearse una estrategia integral que impulse políticas que garanticen la seguridad económica y los derechos sociales de las personas mayores, poniendo énfasis en la mejora de los ingresos laborales y pensionarios, y en la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios sociales, particularmente de salud pública.
In this article we address the issue of economic security in old age from a human rights perspective, and as one of the central problems of Mexican society. In addition to quantifying the income of older adults by source and by importance to their household, we estimate their levels of poverty, the major determinants of those levels, their lack of food and health care, and their economic vulnerability. We use a quantitative methodology based on data from the 2020 National Survey of Household Income and Expenses. We conclude that although the income of those aged 65 years or older is a very important part of household income, approximately half of such persons live in conditions of poverty, in many cases lacking full access to sufficient food and health care, and with elevated levels of vulnerability— that is, with a low probability of escaping this situation. The magnitude and complexity of this problem call for a comprehensive strategy from the state, one that promotes policies to guarantee the economic security and social rights of older persons, with an emphasis on improving pension and labor income, and on improving the coverage and quality of social services, especially in public health.
