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as sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al amparo del art. 260.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) son un mecanismo eficaz para asegurar el cumplimien-to de sus decisiones en los recursos por incumplimiento. Desde la perspectiva interna de los Estados miembros, este instrumento ha abierto una dimensión relevante pues, habida cuenta de que en algún caso el incumplimiento puede obedecer a acciones u omisiones de los entes subestatales, la mayoría de los Es-tados ha arbitrado procedimientos de repercusión de responsabilidades. La pre-sente contribución analiza la evolución que ha tenido lugar en el ordenamiento español en relación con la regulación de esta cuestión, la contribución al res-pecto del Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, así como la práctica contenciosa generada hasta el presente. Transcurridos más de diez años desde la entrada en vigor de la normativa aplicable, el balance es positivo.
