Muchos Ayuntamientos sufren el problema de qué hacer con los vehículos intervenidos por orden judicial y custodiados en depósitos municipales, cuando transcurren muchos años y nadie los reclama ni se acuerda cesar su intervención. Muchos de estos vehículos ya no tienen valor económico o éste es inferior a los gastos que origina el propio depósito, por lo que procede su remisión a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su destrucción y descontaminación.