El artículo trata de especificar y redefinir las múltiples interrelaciones entre el Estado y la sociedad civil en el proceso de transición y consolidación democrática española, a través de la articulación de los diversos intereses sindicales y empresariales. Esta imbricación entre sindicatos, patronal y estado adquirirá a partir de los pactos de la Moncloa la forma de una concertación corporatista subordinada que fracasará a comienzos de 1986 y que pondrá punto final al intento de institucionalización de un modelo neocorporatista de relaciones laborales, para entonces ir en declive en nuestro entorno europeo. Sin embargo, la peculiaridad del proceso de concertación española radica en que a pesar de la fragilidad de los resultados para algunos de los actores en litigio, especialmente los sindicatos, sí logró dotar de legitimidad al sistema político español y contribuyó de este modo a la consolidación de la democracia en nuestro país.