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José Luis Rodríguez Lainz
La STS 176/2023, de 13 de marzo, ha abordado el dilema jurídico de una investigación criminal truncada como consecuencia de la expiración del plazo de investigación, sin que se hubiera practicado previamente la declaración de personas investigadas en la causa. Aunque no se opone radicalmente, ante la naturaleza debida de tal diligencia, a su práctica en el ínterin entre la expiración del plazo y el dictado de la resolución procedente de impulso procesal, constata cómo en tales circunstancias podría llegar a cercenarse el derecho de defensa, en su variante del derecho del investigado a ser oído en sede de instrucción.
El presente trabajo realiza una reflexión sobre diversos aspectos polémicos de las consecuencias jurídicas de la expiración de un plazo de investigación; ofreciendo soluciones alternativas a una eventual decisión de archivo provisional de las actuaciones como consecuencia de tal falta de declaración en dicha sede.
