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El Tribunal Constitucional publicó el 29 de septiembre de 2022 la sentencia núm. 119/2022, legitimando la redacción del segundo párrafo del artículo 89.1 LOPD. De esta forma, entiende que es válido el despido de un trabajador por vender ilegalmente productos de la empresa, teniendo como prueba del incumplimiento unas grabaciones videográficas. La existencia de dichas grabaciones tan solo había sido informada mediante el cartel informativo que exige el artículo 22.4 LOPD, sin que se comunicase al trabajador expresamente ni de la base jurídica ni de la finalidad del tratamiento. En este trabajo se aborda un comentario crítico en relación con dicho pronunciamiento.
