Jorge Payá Sellés
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, articula el marco institucional para dispensar protección a quienes informan sobre infracciones del ordenamiento jurídico que menoscaban el interés general. Partiendo del marco previsto en la Directiva Europea (UE) 2019/1937, este artículo analiza el cauce institucional pergeñado en dicha ley para garantizar la protección del informante y la operatividad del canal externo de información a través de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).