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Patricia Iglesias Rey
El fomento de la alerta se ha convertido en una de las herramientas preferidas por los legisladores para luchar contra las irregularidades que se cometen en el seno de las organizaciones públicas y privadas. La aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero va a suponer un paso fundamental hacia la consecuencia de sistemas férreos integridad en la gestión pública, y va a suponer un auténtico «revulsivo» para las administraciones al tener que regular canales internos y externos de denuncias. Analizaremos la afectación de los canales internos de información en el sector público.
