El Ayuntamiento de Madrid ya en el año 2016 aprobó su Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, anticipándose notablemente a la Directiva Comunitaria 2019/1937 así como a la Ley 2/2023, y resultando pionero en el ámbito municipal. La aprobación de la Ley 2/2023, de protección a las personas denunciantes, habrá de suponer la extensión en todo el territorio nacional de un sistema similar al diseñado por la Corporación Local, razón que aconseja su estudio y análisis al objeto de que el mismo pueda servir de inspiración y guía para los más de ocho mil municipios restantes.