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Juan Manuel López Ulla 
Uno de los objetivos de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, es cumplir con el deber que el Estado tiene de preservar la memoria de las graves violaciones de derechos humanos. Esta obligación es consecuencia de la dimensión colectiva que el Derecho internacional advierte en el derecho a la verdad. El propósito de este trabajo es estudiar el tratamiento que la memoria ha recibido en esta nueva ley, y en las doce leyes autonómicas de memoria aprobadas hasta la fecha. Todas ellas reconocen estar fundamentadas en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que rigen la denominada justicia transicional. La cuestión es si la Constitución (y el Derecho internacional de los derechos humanos) ampara el establecimiento de una verdad sobre la historia. El derecho que toda sociedad tiene a conocer la historia de su opresión ha de ser compatible con una interpretación amplia de la libertad de pensamiento.
One of the goals of the new spanish memory law, enacted on 5 October 2022, is to fulfil the State’s duty to preserve the memory of serious human rights violations. This obligation derives from the collective dimension that the right to truth has. In this paper we deal with the treatment that memory has received in this law, and in the twelve regional memory laws that have been enacted to date. All of them recognise that they are based on the principles of truth, justice, reparation and guarantee of non-repetition, which govern the so-called transitional justice. The question to be resolved is whether a reading of what happened can be derived from this law.. The right of every society to know the history of its oppression must be compatible with a broad interpretation of freedom of speech.
