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Cristina Ramírez Bandera
En el presente comentario, se pretende analizar el sutil equilibrio que existe entre la facultad empresarial de control de la actividad laboral por medio de sistemas de videovigilancia -incluso con fines disciplinarios- y el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los trabajadores. Para ello, se realiza un recorrido a través de la jurisprudencia constitucional e internacional más relevante en cuanto al citado derecho fundamental en el ámbito laboral. Tras dicha revisión, se exponen las principales novedades que, al respecto, ha introducido la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, finalizando con un estudio acerca de las repercusiones que dicha modificación normativa ha generado en la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, por medio del análisis de la STC 119/2022 de 29 de septiembre, primera resolución en la materia emitida por dicho órgano desde la entrada en vigor de la citada norma.
The goal of this commentary is to analyze the subtle balance that exists between the employer’s power to control work activity through video surveillance systems -even for disciplinary purposes- and the worker’s fundamental right to personal data protection. For this, a journey is made through the most relevant constitutional and international jurisprudence regarding the aforementioned fundamental right in the labor field. After said review, the main changes that, in this regard, have been introduced by Organic Law 3/2018, of December 5th, on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights, are exposed, ending with a study about the repercussions that said regulatory modification has generated in the doctrine of our Constitutional Court, through the analysis of STC 119/2022 of September 29th, the first resolution on the matter issued by said authority since the entry into force of the aforementioned law.
