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Julieta Evangelina Cano
En este trabajo me propongo reflexionar sobre las presentaciones judiciales que implican una obturación a los derechos (no) reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar durante 2021, luego de aprobada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre de 2020. En este sentido, analizo desde la teoría desarrollada por los feminismos jurídicos, una presentación en La Rioja realizada por la expareja de una mujer embarazada que interpuso una acción de amparo para evitar el acceso a la IVE, y una presentación en Mar del Plata en donde se decretó la suspensión de la aplicabilidad de la ley IVE en el fuero federal. Estos dos procedentes, aparecen en línea con aquel de CABA que solicita el cese de la crioconservación de embriones, y que es denegada por la Cámara Civil, declarando que los embriones no implantados ostentan una calidad de seres humanos que el ordenamiento jurídico debe proteger. La pregunta que subyace es la que el movimiento feminista y de mujeres se viene haciendo desde la recuperación de la democracia en nuestro país: ¿quién(es), y con qué argumentos, deciden sobre los cuerpos y proyectos de vida de las mujeres?
In this paper, I attempt to reflect on the judicial presentations that imply a hinder to access to (non) reproductive rights of women and people capable of bearing a child during 2021, after the approval of the Voluntary Termination of Pregnancy Act was passed in December 2020. In this sense, from the theory developed by legal feminisms, I analyze a presentation in La Rioja made by the ex-partner of a pregnant woman who filed an amparo action to prevent her from getting access to an IVE procedure, and a presentation in Mar del Plata, where the suspension of the applicability of the IVE Act was decreed in the federal jurisdiction. These two precedents appear to be in line with that of CABA (Autonomous City of Buenos Aires) which requests the cessation of cryopreservation of embryos. This request has been denied by the Civil Court, declaring that the non-implanted embryos have human quality and therefore must be protected by the legal system.. The underlying question is the one that the feminist and women's movements have been asking since the recovery of democracy in our country: who , and with what arguments, decides over the bodies and life projects of women?
