Acceso usuarios
Valencia, España
Este trabajo examina, desde un punto de vista cuantitativo, el acceso de la población a determinados servicios públicos –sanidad y educación– y privados –oficinas bancarias–, así como la cobertura de las redes digitales.
El enfoque es eminentemente geográfico y pone el énfasis en la dicotomía rural-urbano.
Los resultados muestran que este eslabón en la cadena de accesibilidad –la facilidad de lle- gar a los centros de servicio– es buena a nivel agregado, aunque existe un claro gradiente rural–urbano que muestra una peor accesibi- lidad del mundo rural, especialmente de los lugares más remotos. Afortunadamente, esta peor accesibilidad está bastante acotada en términos demográficos, y la población afec- tada no es numerosa, aunque existe bastante heterogeneidad espacial ligada a la geografía de los territorios. El principio de equidad te- rritorial, así como la obligatoriedad por parte de las Administraciones públicas de prestar ciertos servicios, requiere acciones correctoras para la población con peor acceso, de forma que se garantice un trato equitativo, en una cartera mínima de servicios, a todo el conjun- to de la población, lo que, sin duda, conduce al conflicto eficiencia-equidad en términos de la provisión de las políticas públicas
This work examines, from a quantitative point of view, the population’s access to certain public services –health and education– and private services –bank branches–, as well as the coverage of digital networks. The focus is eminently geographical and emphasizes the rural-urban dichotomy. The results show that this link in the accessibility chain –the ease of reaching service centers– is good at the aggregate level, although there is a clear rural–urban gradient that shows worse accessibility in the rural world, especially in more remote places. Fortunately, this worse accessibility is quite limited in demographic terms, and the affected population is not large, although there is considerable spatial heterogeneity linked to the geography of the territories. The principle of territorial equity, as well as the obligation on the part of public administrations to provide certain public services, requires corrective actions for the population with the worst access, to guarantee equitable treatment, in a minimum portfolio of services, to all the population, which undoubtedly leads us to the efficiency- equity trade-off in terms of the provision of public policies
