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Manuel Táboas Bentanachs
El legislador, consciente de la situación de indisciplina urbanística generada a lo largo de los años y de la –en muchos casos– pasividad de la Administración a la hora de reaccionar frente a los ilícitos urbanísticos o la falta de medios, decide en concreto alumbrar la acción pública urbanística desde la Ley del Suelo, de 12 de mayo de 1956, hasta nuestros días.
Igualmente es cierto que la acción pública ha dado lugar a la aparición de una picaresca forense personificada por el profesional de la acción pública, que busca únicamente la obtención de una compensación económica y, obtenida esta, desiste de la acción interpuesta.
A ello obedecen las iniciativas de su modificación, bien para suprimir esa acción, o limitándola debidamente.
