El estudio argumenta que la acción de responsabilidad patrimonial no es la acción adecuada para reclamar los servicios efectivamente prestados pero no satisfechos en virtud de contratos nulos. Por el contrario, el estudio considera que la acción adecuada es la acción de restitución de las prestaciones realizadas. Se afirma que mientras que la acción de restitución tiene como finalidad la eliminación de los efectos jurídicos producidos y nacidos del contrato nulo, restaurando los derechos patrimoniales de las partes a la situación que tendrían de no haberse producido el contrato, y ello independientemente de la buena o mala fe de los contratantes, por el contrario, la indemnización de los daños y perjuicios tiene como objetivo resarcir los daños y perjuicios que el contratante, que actúa con culpa o dolo, ha causado a la parte perjudicada. Para el autor no son aplicables supletoriamente al derecho administrativo los artículos 1305 y 1306 del Código Civil, que regulan la causa torpe o ilícita y que limitan la obligación de restituir, cuando uno o los dos contratantes son culpables.