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Ana Belén Casares Marcos 
Cinco años después de la entrada en vigor de la LCSP cabe apreciar la tozudez de la contratación menor por abandonar el escenario público pese a su restricción inicial por el texto legal de 2017. El propio legislador ha claudicado ante la resistencia del sector público a desecharla, flexibilizando su régimen jurídico en sucesivas reformas sin terminar de despejar, no obstante, todas las incógnitas. Las dificultades interpretativas son aún más significativas en el ámbito local, donde su empleo y la consiguiente incertidumbre se acrecientan exponencialmente por la escasez de recursos de todo tipo y la exasperante uniformidad sancionada para todas las entidades locales por una regulación contractual que no toma debidamente en consideración su idiosincrasia y singularidades propias.
