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Federico de Montalvo Jääskeläinen 
Las Leyes 39 y 40/2015 incorporaban a nuestro ordenamiento jurídico la figura de la evaluación ex post de las normas. A través de ésta se culminaba formalmente la mejora de la técnica normativa, de manera que las normas ya no solo serían evaluadas previamente a su aprobación (ex ante), sino una vez aprobadas. Transcurrido un lustro de dicha regulación,puede comprobarse cómo la evaluación ex post sigue siendo, aún hoy, una asignatura pendiente de nuestro sistema legal, dado que el análisis que a posteriori se hace de las normas aprobadas por el Gobierno y las Cortes Generales es meramente un recuento de qué normas se había previsto aprobar y cuáles se han aprobado efectivamente, sin la más mínima evaluación sobre eficacia, eficiencia, posibles efectos no previstos directamente por la correspondiente norma que puedan llegar a comprometer su viabilidad futura o los resultados de la aplicación de la norma. Se efectúa tan solo una mera constatación del cumplimiento meramente formal de los compromisos regulatorios asumidos en el plan por los diferentes departamentos ministeriales y poco más. Además, nuestro modelo de evaluación ex post no atiende con especial relevancia a la exigencia de reevaluación que se deriva de la adopción precipitada de normas por las circunstancias concurrentes, como tuvo lugar durante los dos primeros años de la pandemia. Se trata de un sistema evaluativo más atento a cuestiones económicas que a las que tienen un impacto directo en los derechos y libertades de los ciudadanos.
In 2015 our legal system adopted the ex post evaluation. Through this, the improvement of the normative technique was formally culminated, so that the norms would no longer only be evaluated prior to their approval (ex ante), but once approved. However, more than five years later, ex post evaluation continues to be, even today, a pending subject in our legal system. The analysis that is made a posteriori of the norms approved by the Government and the Parliament is merely a recount of which regulations were expected to be approved and which have been actually approved. There is not an evaluation of effectiveness, efficiency, possible effects not directly foreseen by the corresponding regulation that may compromise its future viability or the results of the application of the rule. Only a mere verification of merely formal compliance with the regulatory commitments assumed. In addition, our ex post evaluation model does not pay special attention to the reassessment requirement that derives from the adoption of regulations due to concurrent circumstances, as occurred during the first two years of the pandemic. It is an evaluation system more attentive to economic issues than to those that have a direct impact on the rights and freedoms of citizens.
