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En el contexto de la ingente obra legislativa de la Transición política española, la regulación del Patrimonio Real o Patrimonio de la Corona, hoy llamado Patrimonio Nacional, fue un mandato de la Constitución de 1978 que quedó relegado ante la necesidad de hacer frente a cuestiones políticas y económicas más acuciantes, y que sólo se abordó en el último momento, casi al final de la i legislatura de las Cortes Generales. La Ley de 16 de junio de 1982, que finalmente se aprobó, contó con el respaldo unánime de prácticamente todos los grupos del arco parlamentario.
La literatura científica se ha ocupado de este tema de forma monográfica en varias ocasiones. Con posterioridad a la Ley de 1982 existen varias publicaciones destacables, que analizan distintos aspectos del régimen jurídico de estos bienes. Falta, sin embargo, un trabajo que dé cuenta del proceso de elaboración y tramitación parlamentaria de la Ley de 1982. Es esta, efectivamente, una pequeña historia de nuestra Transición política que merece ser recuperada por muchas razones. El hecho de que fuese aprobada con un amplio consenso permitió dejar sentadas las bases del régimen jurídico de estos bienes para mucho tiempo, dejándolos fuera de los vaivenes políticos y las alternancias en el poder.
In the context of the huge legislative work of the Spanish Transition to democracy, the regulation of the Royal Heritage or Crown Estate, today called National Heritage, was a mandate of the 1978 Constitution that was relegated due to the need to deal with more pressing political and economic issues, and which was only approached at the last moment, almost at the end of the First Term of the Spanish Parliament. Law of June 16, 1982, which was finally approved, had the unanimous cross-party support in the House. The scientific literature has dealt with this issue monographically on several occasions. After the 1982 Law, there are several notable publications that analyze different aspects of the legal regime of these assets. What is missing, however, is a study that accounts for the law-making process of the 1982 Act. This is, indeed, a small story of the Spanish political Transition that deserves to be recovered for many reasons. The fact that it was approved with a broad consensus made it possible to lay the foundations of the legal regime of these assets for a long time, leaving them aside of the political ups and downs and power alternations.
