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Elena María Escobar Arbeláez
El presente artículo tiene como objetivo revisar la doctrina y la legislación españolas con el fin de establecer si existe una prohibición que impida respuestas legislativas respecto de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma en España. Para dar cuenta o no de la existencia de ese límite en el constitucionalismo español, en una primera parte, se verifica cómo vinculan las sentencias de inconstitucionalidad a los poderes públicos, a fin de establecer que no puede predicarse el mismo grado de vinculación de tales fallos, respecto de operadores jurídicos como los judiciales o la administración pública, y el legislador. Posteriormente, se aborda la diferencia entre el efecto vinculante de las sentencias de inconstitucionalidad para el legislador, y la posibilidad (o no) de derivar de ese efecto, una eventual prohibición dirigida a los Parlamentos que les impida ofrecer respuestas legislativas en estos casos. Por último, a partir de las reflexiones anteriores, se indaga sobre las posibilidades de diálogo interinstitucional en España.
The purpose of this article is to review Spanish doctrine and legislation in order to establish whether there is a prohibition that prevents legislative responses to unconstitutional judgments in Spain. In order to determine whether (or not) there is such a limit in Spanish constitutionalism, first of all, the paper verifies how the binding effect of unconstitutional sentences affects public authorities, in order to establish that it is implausible to sustain the same degree of binding, with respect to legal operators such as judiciary or public administration, and the legislative power. Subsequently, the paper faces the difference between the binding effect of unconstitutional judgments to lawmakers and the eventual prohibition – arises from that effect – for Parliaments that would prevent them offering legislative responses. Lastly, based on the above reflections, the possibilities of inter-institutional dialogue.
