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Andrei Quintiá Pastrana
En un contexto de crisis climática global, integrar los principios de la sostenibilidad en el desarrollo urbano resulta imprescindible para impulsar la transición circular. La Unión Europea ha dado pasos significativos en este sentido estableciendo como objetivo para 2050 el consumo cero de suelo y promoviendo la rehabilitación del entorno construido como una política prioritaria en conexión con la eficiencia energética. Este artículo analiza las implicaciones jurídicas de un mandato general de optimización del suelo urbano y su adecuación a nuestro ordenamiento jurídico. Se concluye que, a pesar de los recientes desarrollos en la materia, existe todavía margen en nuestro ordenamiento para la delimitación de la propiedad urbana y el impulso del reciclado del suelo mediante políticas más ambiciosas y de alcance estructural.
