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Ángel Carrasco Perera 
A diferencia del TJUE y del BGH, la jurisprudencia española (con dos sentencias de la sala de lo civil del Tribunal Supremo) ha sido mayoritariamente contraria hasta la fecha al planteamiento que condena el escándalo del Dieselgate como incumplimiento de expectativas contractuales protegidas. Según la mayoría de los tribunales españoles, el comprador no puede demandar por falta de conformidad (especialmente cuando el fabricante ha ofrecido una reparación gratuita del dispositivo de software), no puede rescindir por incumplimiento sustancial y no puede obtener indemnización por daños y perjuicios inexistentes; deja abierto, sin embargo, un premio de consolación de 500 euros como “daños inmateriales”, con el bizarro argumento de que VW es responsable de pagar “algo” por su claro incumplimiento del derecho (público) regulatorio. La presente contribución pretende explicar que los “remedios previstos” en la Directiva 2019/771 son en efecto “insostenibles”, que su “insostenibilidad” no puede matizarse a través del “equilibrio de principios”, que, por el momento, la Directiva (UE) 2019/771 no puede interpretarse en el sentido de que ofrece remedios en el derecho contractual para las prácticas ambientales insostenibles de los vendedores y, principalmente, que, rebus sic stantibus, el derecho privado en los contratos es un instrumento inadecuado para otorgar derechos subjetivos a las partes contractuales para remediar las calamidades ambientales que el comprador no ha incorporado en el precio del contrato como “expectativas legítimas entre las partes”
