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Alejandro Cárcamo Righetti
Uno de los aspectos que no se encuentran debidamente definidos en la frontera entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, ambas manifestaciones del poder punitivo estatal, es el criterio bajo el cual el legislador al determinar la antijuridicidad de una conducta debe optar por su calificación como delito penal o como infracción administrativa, existiendo, por ende, un amplio margen de discrecionalidad en dicha labor. En ese contexto, proponemos revisar la eventual existencia o, en su caso, inexistencia de dicho criterio, y en caso de existir, identificar cuál es el parámetro para la configuración de uno u otro tipo de ilícito susceptible de ser sancionado por el Estado.
One of the aspects that are not duly defined on the border between criminal law and sanctioning administrative law, both manifestations of state punitive power, is the criterion under which the legislator, when determining the illegality of a conduct, must opt for its qualification as a criminal offense or as an administrative infraction, existing, therefore, a wide margin of discretion in said work. In this context, we propose to review the eventual existence or, where appropriate, non-existence of said criterion, and if it exists, identify what is the parameter for the configuration of one or another type of illicit subject to being sanctioned by the State.
