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En 2006, la violencia contra las mujeres cobró un nuevo significado gracias al movimiento Me Too, que convirtió las violencias sexuales en una verdadera cuestión social y adquirió un gran impacto internacional. Años antes, en 1993, la ONU había lanzado la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que sentó un precedente en la lucha legal contra estas violencias e inspiró a muchos países a la hora de adoptar marcos legales y definidos para combatirlas. La Convención de Estambul, firmada por numerosos países en 2020, ha encontrado últimamente una clara oposición, e incluso una voluntad de retroceder en los compromisos adoptados, fruto de los regímenes conservadores y totalitarios de países como Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Hungría o Turquía. En los países del Magreb, aunque se han hecho esfuerzos para establecer marcos legales que atajen las violencias contra las mujeres, aún queda mucho por hacer para que las leyes se cumplan de forma efectiva, pues muchas mujeres siguen sufriendo estas violencias de familiares y extraños. En este sentido, la movilización de la sociedad civil es esencial, y debe implicar un trabajo de prevención, sensibilización y presión a la policía y los jueces.
