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Jorge Azagra Malo, Fernando Gómez Pomar 
, Adrián Segura Moreiras
La reciente reforma concursal aprobada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, no solo introduce los planes de reestructuración mediante la trasposición de la Directiva de reestructuraciones e insolvencias, sino que busca también reducir los costes asociados al concurso, con el fin de hacerlo más atractivo. En buena medida, el éxito en el cumplimiento de este segundo objetivo queda supeditado a los incentivos en la elección del concurso como un mecanismo ordenado y eficiente. Este trabajo analiza esta cuestión incidiendo especialmente en las vicisitudes del deber del deudor de instar la declaración de concurso, poniendo especial atención en lo acontecido entre el inicio de la denominada “moratoria concursal” en marzo de 2020 y la entrada en vigor de la reforma concursal el pasado 26 de septiembre de 2022.
The recent insolvency reform approved by Law 16/2022 not only introduces restructuring plans by transposing the EU Restructuring and Insolvency Directive, but also aims to reduce the costs associated with insolvency proceedings to make them a more attractive alternative. Success in achieving the latter objective depends to a large extent on the incentives offered to choose insolvency proceedings as a course of action. This article analyses these issues with a particular emphasis on the debtor’s duty to request the declaration of insolvency, and the events that took place from the beginning of the insolvency moratorium in March 2020 until the entry into force of the Insolvency Law Reform on 26 September 2022.
