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Ivo Pilving
A pesar de tener una imagen de una gobernanza electrónica desarrollada, los sistemas avanzados de toma automatizada de decisiones (ADM) no se han utilizado ampliamente en la Administración pública estonia y todavía no existe un marco jurídico general para los mismos. El proyecto de reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, presentado al Parlamento en 2022, también adopta un enfoque más bien prudente de la cuestión, limitando considerablemente la automatización de las decisiones discrecionales y, en particular, el uso de algoritmos de autoaprendizaje. Las decisiones administrativas automatizadas no tienen por qué verse frenadas por la aplicación de principios procedimentales inherentes al Estado de Derecho, tales como la audiencia y la motivación. Sin embargo, para la automatización de las decisiones discrecionales en los supuestos que resulten adecuados, el referido proyecto propone una solución según la cual los casos típicos se decidirían de forma totalmente automatizada mediante algoritmos predefinidos basados en directrices administrativas internas. Esta solución no es una panacea para todas las situaciones, pero puede permitir un cierto grado de innovación, siempre que se respeten las garantías procedimentales y organizativas adecuadas. Las condiciones fundamentales para ello son la separación categórica de las directrices y los algoritmos, así como la publicación de las primeras. Un modelo óptimo de rendición pública de cuentas tiene que incentivar a las autoridades a tomar las precauciones adecuadas cuando empleen algoritmos.
In spite of the image of a developed e-governance, advanced automated decision-making (ADM) systems have not been widely used in Estonian public administration and there is still no general legal framework for them. The draft bill to amend the Administrative Procedure Act, which was presented to Parliament in 2022, takes a rather cautious approach to the issue too, significantly limiting the automation of discretionary decisions and in particular the use of self-learning algorithms. Automated administrative decisions would not be discouraged by the application of procedural principles inherent to the rule of law, such as hearing and reasoning. However, for the automation of discretionary decisions in appropriate cases, a solution has been proposed whereby typical cases would be solved in a fully automated way by means of predefined algorithms based on internal administrative guidelines. This solution is not an universal magic bullet for every situation, but may allow for a certain degree of innovation, provided appropriate procedural and organisational safeguards are respected. Fundamental preconditions for that are the categorical separation of the guidance and algorithm, as well as the publication of the guide. An optimal model of public accountability has to encourage authorities to take appropriate precautions when implementing algorithms.
