Resumen de Afectación en procesos disciplinarios por la deficiente tipificación de infracciones administrativas a docentes universitarios

Tanya Gioconda Paredes Chiluisa, Pablo Miguel Vaca Acosta, Fernando-De-Jesús Castro Sánchez, Juan Carlos Benalcázar Guerrón

• español

  En cuanto al objetivo se tiene en analizar la afectación en procesos disciplinarios por la deficiente tipificación de infracciones administrativas a docentes universitarios. Por su alcance es de tipo descriptivo, apoyada en un análisis documental. Los procesos disciplinarios establecidos en el Estatuto de la UTMACH son ejercidos en apego al derecho administrativo sancionador. No obstante, los mismos deben ser revisados de manera sucinta por el Consejo de Educación Superior toda vez que se pueda evidenciar una correcta aplicación del régimen disciplinario. Cada institución posee la potestad administrativa para imponer sanciones correctivas y disciplinarias, sin embargo, estas deben estar sujetas a los principios de legalidad, proporcionalidad, y respondiendo a hechos facticos debidamente probados y motivados. Es decir, quien haya incurrido en una falta leve, grave o muy grave tiene derecho a que la misma sea tramitada mediante un sistema sancionador que se adecúe a los preceptos constitucionales.

• English

  The objective is to analyze the impact on disciplinary processes due to the deficient classification of administrative infractions of university professors. The scope of the study is descriptive, supported by a documentary analysis. The disciplinary processes established in the UTMACH Statute are carried out in accordance with administrative sanctioning law. However, they should be reviewed succinctly by the Council of Higher Education whenever a correct application of the disciplinary regime can be evidenced. Each institution has the administrative power to impose corrective and disciplinary sanctions, however, these must be subject to the principles of legality, proportionality, and responding to factual facts duly proven and motivated. That is to say, whoever has incurred in a minor, serious or very serious offense has the right to have it processed through a sanctioning system that complies with constitutional precepts.