Acceso usuarios
María Desamparados Bohigues Esparza
El objeto de este estudio consiste en discernir si el papel que ostenta en la actualidad la autoridad laboral como órgano residual tutelador de la legalidad del expediente del procedimiento de despido colectivo, tras la desaparición de la autorización administrativa, ha contribuido a reducir o potenciar el control judicial, en cuanto a la constatación de las causas, y su concreción, y por ende, la seguridad jurídica y la celeridad del procedimiento a seguir, pues la mayoría de las resoluciones judiciales dictadas en esta materia, se han centrado en la negociación en el periodo de consultas, soslayando en cierto modo, la acreditación de las causas alegadas por el empresario en la decisión extintiva, especialmente cuando ha habido acuerdo en el periodo de consultas.
En este sentido, cabría preguntarse si se han de corregir determinadas desviaciones que se han producido tras la desaparición de la autorización administrativa, pues el papel que debe cumplir en el periodo de consultas, a mi juicio, se ha desnaturalizado, al otorgar a este, un protagonismo relevante en la calificación de los despidos colectivos, infravalorando la concurrencia de la causa y sus consecuencias, y por ende, el enaltecimiento del cumplimiento de los requisitos formales como eje central del control judicial de los despidos colectivos, siendo el papel de la autoridad laboral en el procedimiento de despido colectivo, meramente instrumental.
The purpose of this study is to discern whether the role currently held by the labour authority as a residual body that oversees the legality of the file of the collective dismissal procedure, after the disappearance of the administrative authorization, has contributed to reduce or enhance the control judicial, in terms of the verification of the causes, and their concretion, and therefore, the legal certainty and the speed of the procedure to follow, since the majority of the judicial resolutions dictated in this matter, have focused on the negotiation in the consultation period, avoiding in a certain way, the accreditation of the causes alleged by the employer in the termination decision, especially when there has been an agreement in the consultation period.
In this sense, one might wonder if certain deviations that have occurred after the disappearance of the administrative authorization have to be corrected, since the role that must be fulfilled in the consultation period, in my opinion, has been distorted, by granting it, a relevant role in the classification of collective dismissals, underestimating the concurrence of the cause and its consequences, and therefore, the exaltation of compliance with formal requirements, as the central axis of judicial control of collective dismissals, being the role of the labour authority in the collective dismissal procedure, merely instrumental.
