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En el presente artículo se analiza el nuevo escenario creado a partir de la publicación de La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Analiza en qué medida dichas alteraciones sugieren un refuerzo penal a la aplicación pública del Derecho de la Competencia en los casos de cárteles de núcleo duro, con especial atención a los cárteles en licitaciones, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la clemencia penal y el programa de cumplimiento antitrust.
