El Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal contempla una modificación sustancial en el tratamiento de las costas procesales y en los criterios que han de dar lugar a su imposición, fundamentalmente por lo que respecta a su relación con los llamados «medios adecuados de solución de controversias», lo que, sin duda, supone un importante cambio de paradigma que precisa ser analizado con mayor detenimiento. En el presente trabajo vamos a intentar profundizar en estas cuestiones, a fin de determinar si dichas reformas son adecuadas o no y los posibles inconvenientes que, eventualmente, pueda plantear su implementación